Desde que el Defensor del Pueblo publicara la semana pasada el informe que revelaba malos tratos sistemáticos en “muchos” centros de menores, las alarmas se han disparado y desde ese mismo día han sido varias las personas que se han pronunciado, o bien para apoyar las tesis de Enrique Múgica o bien para defenderse de las acusaciones.
En concreto, se denuncia que entre las paredes de estas instituciones se producen agresiones, maltratos, aislamientos sin supervisión judicial, prohibirles salir a la calle, limitaciones para ir al colegio, registros intimidantes, e incluso, medicación forzosa. Todo esto, encubierto bajo el nombre de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'. ¿Realmente creen que así es posible educar o apoyar a un niño con problemas?.
El informe asegura que más de la mitad de los centros analizados (se investigó 27 de los 58 existentes en España) utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Así, se hace una especial mención a las “salas de agitación o reflexión”, donde se mete a los menores hasta 24 horas, como castigo. Son salas sin ventilación, insonorizadas, acolchadas y recubiertas de caucho negro que provocan una enorme angustia y un gran rechazo entre los menores.
Precisamente, en un lugar como este es donde se suicidó el pasado mes de diciembre Hammid, un niño marroquí de doce años que se encontraba en el centro de Picón de Jarama, uno de los analizados en el documento y asunto que impulsó, junto a otros casos parecidos, al Defensor del Pueblo a pronunciarse al respecto e investigar la verdadera situación de estos centros donde muchas veces se practican castigos que “no sólo atentan contra la salud psíquica de los menores, sino también contra su dignidad”.
Obviamente, los centros criticados y puestos en tela de juicio en el informe de Múgica, se han querido defender. Tal es el caso de la Fundación O'Belén, asociación encargada de gestionar los centros que han sido más criticados en el documento, quien niega todo lo que se dice y lo atribuye a que la evaluación del Defensor del Pueblo está basada en entrevistas con los menores. Asimismo, aseguraron que los centros "no tienen salas de aislamiento, pero sí salas especiales denominadas de baja estimulación o de contención, con protocolos de uso que están supervisados por la Fiscalía y de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, con una estancia nunca superior a 45 minutos y siempre supervisado por un educador".
Pese a lo que digan, las cifras indican que en los últimos años se ha producido un aumento en el número de quejas, tanto por parte de padres alarmados, trabajadores de estas instituciones y de menores que habían sido “pacientes” de alguno de estos centros y querían denunciar la situación que vivieron.
Por su parte, asociaciones que defienden los derechos del niño han salido en la defensa de los menores, exigiendo que se tomen medidas penales y administrativas para los centros y las personas que hayan consentido los malos tratos. Las medidas de los grupos políticos tampoco se han hecho esperar, así, aunque la competencia de los centros de menores recae sobre las comunidades autónomas, se va a pedir a la Fiscalía General del Estado que actúe. También, el Grupo Parlamentario Socialista registrará una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a estudiar los casos de maltrato denunciados y a tomar medidas para evitar que se produzcan situaciones intolerables.
No se puede saber cual es la solución a este problema, del que dicen que sólo se conoce “la punta del iceberg”, pero ya son muchos los que piden nuevos reglamentos y profesionales en este ámbito, un reglamento común entre las comunidades autónomas para evitar la "disparidad de situaciones y protocolos" denunciada por el Defensor del Pueblo y el cierre de las instituciones donde han tenido lugar cualquier tipo de maltrato.